Según ha informado el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el resultado del operativo de verificación de casinos en Nuevo León y el Distrito Federal, autoridades federales reportaron la detención de tres personas, que tenían un total de tres armas de fuego, junto al embargo de más de tres mil 500 máquinas de juego y apuestas que presentaron irregularidades en su internación al país.
El operativo coordinado se había planeado con 10 días de anticipación, y fue llevado a cabo el viernes 26 y el sábado 27 de agosto.
Dentro de las operaciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de cinco mil máquinas de juego y de apuestas, revisando 11 casinos, ocho de ellos en Monterrey y tres en el Distrito Federal.
El operativo, que se llevó a cabo sin mayores contratiempos, contó con la participación de alrededor de 700 elementos del SAT, de las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República.
En el caso de las tres personas detenidas, explicó que se ostentaban como abogados de un establecimiento y portaban armas de fuego y una granada. Las máquinas aseguradas fueron trasladadas al recinto fiscal y las personas detenidas, junto con las armas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación para las investigaciones correspondientes, precisó.
Mientras que no existen datos precisos, según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC), en México este sector aporta más de 400 millones de dólares (mdd) anuales en materia de impuestos y alrededor de 1,500 mdd por concepto de inversiones. Asimismo, las 25 empresas de este tipo que tienen permiso para operar salas de apuestas en el país pagaron entre 2008 y 2009 a la Secretaría de Gobernación poco más de 555 millones de pesos en participaciones.
Todo surge tras las órdenes de investigar posibles casos de corrupción en el funcionamiento de las casas de apuestas a raíz del ataque del jueves 25 de agosto al Casino Royale, ubicado en Monterrey, que dejó un saldo de 52 muertos, y cuyo supuesto móvil fue la extorsión a los dueños del establecimiento.
En consecuencia, bajo los comunicados número 146 y 147 del 26 y 28 de agosto de 2011, respectivamente, el Gobierno Federal informa que se procedió a la clausura de casinos en Nuevo León. Derivado del operativo efectuado en Nuevo León y una vez transcurrido el plazo legal para que los casinos demostraran el cumplimiento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), se procedió a la clausura de los establecimientos.
Debido al incumplimiento de las obligaciones de otorgar al SAT la información en línea y en tiempo real de los sistemas de registro con los que deben contar los casinos, será sancionado con la clausura del establecimiento por un periodo de un mes. En caso de reincidencia la clausura será por dos meses.
Cabe señalar que con el embargo precautorio de las más de 3,800 máquinas de juego, se dio inicio al procedimiento administrativo en materia aduana (PAMA), teniendo los interesados un plazo de diez días para acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas con las pruebas correspondientes; una vez desahogadas las pruebas, se emitirá la resolución respectiva dentro del plazo de 4 meses con que cuenta la autoridad.
Estas acciones forman parte de las estrategias de fiscalización que lleva a cabo el Gobierno Federal y hace realidad el compromiso de actuar hasta las últimas consecuencias ante el incumplimiento de obligaciones fiscales y de comercio exterior.